_La actividad fue organizada por ACDE, UIM y Transparencia LATAM. La especialista expuso sobre las nuevas exigencias para contratar con el sector público en Mendoza. _
Con la presencia de importantes referentes del mundo empresarial, se desarrolló un webinar convocado por ACDE, UIM y Transparencia LATAM. La conferencia fue dictada por la abogada mendocina Paula Cortijo, su exposición se basó el marco de la adhesión de la Provincia a la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
El presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Sergio Martini enfatizó la importancia de poder llevar a cabo este tipo de encuentros.
“Nuestras autoridades han entendido esto para que pueda convertirse en una realidad, los planteos de la sociedad civil y de los empresarios que queremos que las cosas salgan bien para empezar a corregir algunos errores que pueden haber sucedido. Esto es una herramienta muy interesante, pero como toda herramienta tenemos que saberla usar y poder ejercerla. El poder ciudadano tiene que estar presente para que esto pueda ser una realidad”, remarcó Martini.
Paula Cortijo, es abogada especialista en compliance y titular de la consultora Transparencia Latam. “El objetivo que tenemos es el de poder explicar que significa esta ley, no vamos a profundizar en términos legales. Lo nuevo que trae la ley nacional es que antes de esta ley solamente se sancionaba por actos de corrupción a las personas físicas, ahora también se sanciona a las personas jurídicas privadas”, expresó.
La abogada explicó que lo que sanciona esta ley, los delitos de cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, como así también balances e informes agravados.
Además detalló que las sanciones que se les otorgan a las empresas son: multas, suspensión de la personería, suspensión para licitar con el Estado Nacional, pérdida de beneficios estatales, publicación de la sentencia e inclusión en un registro de empresas con antecedentes.
“Las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen, podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley”, resaltó la letrada.
Cortijo señaló que “en nuestro país tenemos una ley que es poco conocida en Mendoza, si bien en Buenos Aires es bastante conocida y las empresas se han tenido que ajustar muy rápido, hasta antes de la ley 27.401 solo las personas físicas podíamos ser pasibles de una sanción por cometer un delito de corrupción, ahora también las empresas. Como no pueden ser sancionadas con prisión, lo que hace la ley es suspender la personería jurídica de la empresa, quiere decir que las desintegra, que esa empresa desaparezca hasta por 10 años y tiene multas dinerarias”.
“En Mendoza hay un proyecto de ley que dice que las empresas que quieran licitar con el Estado provincial también van a tener que tener ese programa y en el medio como una ventana en el proceso de Portezuelo se pone como requisito, lo cual está bien porque la ley nacional no dice que haya que tener una ley provincial sino que se adecúe su legislación. Al ponerlo en Portezuelo lo veo como una oportunidad, se necesita informar al público en general; esto es bueno para todos, esta ley pone en cabeza del sector privado la obligación de aplicar estos programas y denunciar a los funcionarios públicos que les pidan sobornos”, remarcó la profesional.
Recordemos que recientemente el Senado de Mendoza aprobó el proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Se trata de una adaptación a la provincia de la Ley Nacional 27401, que establece por primera vez un régimen penal aplicable a las personas jurídicas privadas, involucrando a las empresas que contraten con el Estado provincial, Municipios y entes autárquicos.
“Así Mendoza tendrá una herramientas fundamental en pos de la transparencia, pero además muy conveniente para las empresas tanto grandes como pymes, porque cada vez más los programas de integración facilitan el financiamiento externo”, finalizó Cortijo.